Colombiana residente en Vilagarcía Vigo podría ser expulsada por falta de un documento de arraigo

El caso de Olga Lucía Contreras, la mujer colombiana que busca un informe de arraigo positivo por parte del Concello de Vilagarcía, ha destapado toda una serie de sorprendentes prácticas que hasta hace poco tiempo venían caracterizando la política de Ravella en materia de inmigración. Pero también los cambios que la concejala de Servizos Sociais, la nacionalista Ana Lorenzo, se ha esforzado por imprimir en un ámbito tan sensible como este. Tal vez la más chocante de todas las medidas se refiere a la actuación de un funcionario municipal, que se dedicaba a remitir sistemáticamente a la policía informes negativos sobre los inmigrantes. Poco importaba que los certificados en cuestión fuesen solicitados por los propios extranjeros o que la misión del Ayuntamiento para nada tenga que ver con denunciar a nadie. Los expedientes eran remitidos por el técnico a la alcaldía, para su rúbrica definitiva, y desde allí directamente a comisaría. Semejante costumbre fue atajada en agosto por la propia concejala. Lorenzo emitió entonces una circular en la que advertía claramente de que, con respecto a los temas de arraigo social, solo se pondrían en conocimiento de la Policía Nacional aquellos informes que fuesen favorables. «Nunca os informes desfavorables, que deberán ser notificados unicamente aos interesados», exponía la responsable del departamento municipal. El razonamiento de la edila obedece a una lógica precisa. Los certificados de arraigo parten voluntariamente de quienes los solicitan, como un intento de resolver la situación personal de los interesados con el asesoramiento de los trabajadores sociales. Evidentemente, este objetivo solo se logra en caso de que los informes sean positivos, «non tendo, por tanto, xustificación algunha nin interese ningún, nin para o beneficiario nin para os Servizos Sociais deste Concello, que se comunique un informe cando este sexa negativo». El comportamiento contrario, argumentaba Lorenzo, solo puede crear problemas, «o que -concluía- non pode ser intención de ningún traballador social deste municipio». Olga Lucía Contreras, quien ha denunciado públicamente "mala fe" por parte de los Servizos Sociais del Concello a la hora de concederle un informe de arraigo mantiene mañana a primera hora una reunión privada con la concejala responsable, Ana Lorenzo, para buscar una solución conjunta a su caso particular. Contreras, de 35 años, afirma que, por el momento y mientras que no hable directamente con la edil, no ejecutará ninguna de las medidas de presión con las que amenazaba hace unos días y entre las que se encontraba la huelga de hambre. La inmigrante señala que va a "esperar" a lo que dictamine el Concello y, dice que si la respuesta la convence "pues firmaremos la paz, sino tendremos que seguir luchando para que se haga justicia". Desde el Concello vilagarciano aclaraban el mismo día de la denuncia que los requisitos exigidos a los inmigrantes para poder conseguir el informe de arraigo son "comunes e igualitarios para todos" y que, si no se cumplen, no se pueden hacer excepciones porque, según ellos, se estaría faltando a la norma vigente. Olga Lucía Contreras pide que desde Servizos Sociais se tenga en cuenta que ella lleva viviendo en España desde el año 2005 y que en Vilagarcía, pese a no estar empadronada los seis meses requeridos, participa activamente de la vida social desde hace mucho más tiempo. El cuñado de la inmigrante, Manuel Salanova, sentenciaba ayer que Olga Lucía Contreras es una mujer "muy conocida en Vilagarcía, que tiene aquí a su hermana y que no ha cometido ningún delito para que se la trate como se ha hecho". Al respecto aclara que "ella ha trabajado durante años en Ciudad Real en una empresa de carpintería de aluminio, tiene todos los documentos menos el de arraigo que es el que le falta y sin el cual podrá ser expulsada del país en 20 días". Además de los seis meses de empadronamiento exigidos, desde el Concello de Vilagarcía se requiere que los solicitantes participen de las redes sociales y de la vida comunitaria del municipio. Olga Lucía Contreras señala que ella ha participado en los cursos exigidos y que ha colaborado activamente con distintas asociaciones. EL FARO DE VIGO